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CASTILLA Y LEÓN

La Junta apoya los puntos de encuentro familiar

Redacción | Miércoles 22 de agosto de 2018
Castilla y León cuenta con 16 puntos de encuentro familiar, en los que trabajan 90 profesionales que ofrecen un servicio especializado de apoyo a las familias durante los procesos o situaciones de separación, divorcio u otro supuestos de interrupción de la convivencia familiar. Con más de 420.000 intervenciones desde el inicio de la legislatura, en lo que llevamos de año superan las 73.000, con más de 1.500 familias atendidas y 2.600 menores.

La consejera de Familia, Alicia García, ha visitado hoy uno de los puntos de encuentro familiar de Valladolid, con la intención de reconocer la gran labor de estos centros agrupados en la red de puntos de encuentro familiar, cuyo programa desarrolla la Asociación para la Protección del Menor, APROME, en los procesos de separación de sus progenitores.

Castilla y León cuenta con 16 puntos de encuentro, al menos uno en cada una de las localidades con más de 20.000 habitantes. En ellos trabajan 90 profesionales que ofrecen un servicio de responsabilidad pública y de titularidad y gestión tanto pública como privada, prestando atención profesional gratuita para facilitar que los y las menores puedan mantener relaciones con sus familiares durante los procesos y situaciones de separación, divorcio u otros supuestos de interrupción de la convivencia familiar, hasta que desaparezcan las circunstancias que hacen necesario este recurso.

Entre las intervenciones que se prestan en el punto de encuentro destaca el apoyo en el cumplimiento del régimen de visitas establecido, información y orientación a las familias y a los menores, promoción de acuerdos y resolución de conflictos a través de la mediación familiar.

Los puntos de encuentro cuentan con al menos una persona titulada en Psicología y otra en Trabajo Social, pero también deben contar con una persona licenciada en Derecho y otra en Educación Social, toda vez que en muchas ocasiones, el acceso al punto de encuentro se produce por derivación de la autoridad judicial. Por ello, es fundamental que la Junta de Castilla y León y el Consejo General del Poder Judicial trabajen de manera conjunta y coordinada con el objetivo fundamental de proteger los derechos e intereses de los menores. Precisamente, para mejorar esa coordinación, el pasado año se creó una ‘Guía de buenas prácticas de los puntos de encuentro familiar con los juzgados de Castilla y León’, dirigida a los profesionales de los puntos de encuentro y a los profesionales jurídicos.

Los puntos de encuentro en datos

En la actualidad la red de puntos de encuentro familiar en Castilla y León está formada por 16 centros ubicados en Aranda de Duero, Ávila, Burgos, Laguna de Duero, León, Medina del Campo, Miranda de Ebro, Palencia, Ponferrada, Salamanca, San Andrés de Rabanedo, Segovia, Soria, Valladolid (dos) y Zamora. La importancia de estos recursos se pone de manifiesto si tenemos en cuenta que, desde el inicio de la legislatura, se han realizado más de 420.000 intervenciones y se ha atendido a una media de 1.800 familias y 2.600 menores por año. Además, en lo que va de año se han realizado 73.093 intervenciones y se ha atendido a 1.511 familias y a 2.145 menores.

Para el mantenimiento y buen servicio de estos recursos, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha destinado en 2018 casi 1,4 millones de euros, 100.000 más que el pasado año y un 24 % más que en 2015. Así, en los cuatro años de legislatura, habrá invertido casi 5 millones de euros en la financiación de estos centros, buscando siempre el bienestar y el interés de los menores. Este incremento de financiación de este año ha permitido ampliar los horarios de funcionamiento de los puntos de encuentro y el número de profesionales.

La gestión de estos centros la lleva a cabo APROME y para financiar el servicio, además de los casi 1,4 millones de euros de subvención aportados por la Junta en 2018, este año, han recibido también otros 241.270 euros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades por el IRPF y otras aportaciones monetarias y materiales de ayuntamientos y diputaciones.

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