La Dirección General de Consumo ha iniciado un expediente sancionador contra una plataforma de alquiler de pisos turísticos por no retirar miles de anuncios con publicidad ilícita. A pesar de un requerimiento previo para eliminar estos anuncios, la empresa no cumplió, lo que podría resultar en multas que alcanzan hasta 100.000 euros. Esta acción se enmarca dentro de una investigación más amplia sobre prácticas comerciales desleales en el sector turístico y busca proteger los derechos de los consumidores en España.
La Dirección General de Consumo, bajo la supervisión del ministerio dirigido por Pablo Bustinduy, ha iniciado un expediente sancionador contra una plataforma de alquiler de pisos turísticos. Esta acción se produce tras la advertencia a la empresa sobre la urgencia de eliminar miles de anuncios que contenían publicidad ilícita relacionada con estos alojamientos.
El proceso comenzó en junio, cuando la Dirección General de Consumo solicitó información a diversas plataformas sobre las viviendas anunciadas en sus sitios web. Posteriormente, se emitió un requerimiento para que una de estas plataformas retirara "de forma inminente" los anuncios que no cumplían con la normativa, como la falta de número de licencia, lo que podría constituir una infracción según el Artículo 47 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
A pesar del tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación, los anuncios cuestionados continúan activos en la plataforma. Esto llevó a la apertura del expediente sancionador, que puede resultar en multas que alcanzan hasta los 100.000 euros, cifra que podría multiplicarse entre cuatro y seis veces si se considera el beneficio ilícito obtenido.
Desde la Dirección General de Consumo se enfatiza que este procedimiento no implica un juicio previo sobre su resultado final. Los anuncios investigados abarcan diversas comunidades autónomas, lo que plantea preocupaciones sobre posibles “lesiones o riesgos” para los consumidores en general.
El ministerio también está ampliando su atención a otras prácticas irregulares dentro del sector inmobiliario. Recientemente, se anunció una investigación dirigida a grandes gestoras de pisos turísticos por posibles prácticas engañosas. Este escrutinio abarca empresas que administran múltiples propiedades turísticas en distintas regiones del país.
Además, el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo investiga a varias agencias inmobiliarias por presuntas prácticas abusivas hacia inquilinos, tales como exigir comisiones por gestión o imponer cláusulas contractuales desventajosas sin justificación adecuada.
Todas estas acciones forman parte del compromiso del ministro Pablo Bustinduy para abordar la crisis habitacional en España, un tema considerado prioritario. "Hay miles de familias que viven al límite en nuestro país debido a problemas relacionados con la vivienda", ha afirmado Bustinduy, quien también ha subrayado que “ninguna empresa en España, independientemente de su tamaño, puede estar por encima de la ley”.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 100.000€ | Multa máxima por infracciones graves según la normativa. |
| 4 a 6 veces | Posible multiplicador del beneficio ilícito obtenido en caso de infracción. |
| 18 de diciembre de 2024 | Fecha de publicación de la noticia. |
| Junio 2024 | Mes en que comenzó la investigación sobre las plataformas de alquiler turístico. |
La Dirección General de Consumo ha incoado un expediente sancionador a una plataforma de alquiler de pisos turísticos tras advertirle sobre la necesidad de retirar miles de anuncios que contenían publicidad ilícita.
La investigación comenzó en junio, cuando se envió un requerimiento de información a varias plataformas para obtener detalles sobre las viviendas anunciadas.
Se investiga si estos anuncios incurren en prácticas comerciales desleales y si cumplen con el Artículo 47 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, especialmente en lo que respecta a la falta de publicidad del número de licencia cuando es obligatoria.
Las prácticas mencionadas pueden ser calificadas como infracciones graves, con multas que pueden alcanzar hasta 100.000€, e incluso más si se considera el beneficio ilícito obtenido.
El objetivo es abordar la crisis de vivienda en España y asegurar que ninguna empresa esté por encima de la ley, protegiendo así los derechos de los consumidores y usuarios.